En una declaración conjunta sin precedentes, 26 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), incluidos potencias como el Reino Unido, Francia, Canadá y Japón, exigieron este lunes 21 de julio el fin inmediato de la guerra en Gaza y condenaron la muerte de civiles palestinos, incluidos niños, que intentaban acceder a agua, comida y asistencia médica.

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Los ministros de Asuntos Exteriores de estas naciones denunciaron la política israelí de distribución de ayuda como “peligrosa, ineficaz y humillante”. Asimismo, cuestionaron el modelo que depende de una fundación privada estadounidense —la Gaza Humanitarian Foundation— para gestionar los suministros en medio del conflicto.

“El sufrimiento de la población civil ha alcanzado niveles insoportables”, señala el comunicado, que responsabiliza directamente al Gobierno de Benjamín Netanyahu por las restricciones impuestas al ingreso de ayuda y por la violencia ejercida contra quienes la necesitan.

Además de exigir el acceso pleno y seguro de las organizaciones humanitarias, incluida la ONU, los países firmantes rechazaron los planes de crear una “ciudad humanitaria” en las ruinas de Rafah, al sur de Gaza, por considerarlos una forma encubierta de desplazamiento forzado permanente, algo prohibido por el derecho internacional.

La declaración también condena el avance de los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Oriental, en particular los proyectos en la zona E1, los cuales dividirían el territorio palestino y, según los firmantes, harían inviable cualquier solución basada en dos Estados.

Otro punto crítico fue la denuncia del aumento de la violencia por parte de colonos israelíes contra la población palestina en Cisjordania. Los países instaron a detener estos ataques y a preservar los derechos humanos en todos los territorios ocupados.

El comunicado concluye con un llamado urgente a un alto el fuego inmediato, permanente e incondicional, y advierte que los países firmantes están dispuestos a tomar nuevas medidas diplomáticas y políticas si no se avanza hacia una solución política justa que garantice seguridad y paz para ambos pueblos y para la región.

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